Por Francisco de Roux*
Avanza la aplicación de la Ley de justicia y paz en medio absurdos como el asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de las víctimas de los paramilitares de Córdoba. Todo evidencia la necesidad de dar a los golpeados directamente por el monstruo de la guerra, la protección, el acompañamiento, la claridad y el protagonismo que les corresponde para que la Ley pueda funcionar como instrumento de paz. Esto se consigue si y solamente si se da un papel central a las veredas, corregimientos, pueblos, ciudades intermedias y zonas de grandes centros urbanos que han sufrido el conflicto armado en grandes proporciones. Estas son las comunidades víctimas.
Las comunidades víctimas NO son las asociaciones u organizaciones de las víctimas. Son pueblos enteros que han sufrido la locura del conflicto armado interno colombiano. Comunidades que han vivido el sometimiento al actor armado y sus cómplices y han vivido el cambio de amos y de aliados de los amos. Han conocido el terror, el hundimiento en el silencio y la humillación; y han sido testigos de cómo en su seno ocurrió el robo de las tierras y las casas, la huída de los desplazados, la entrada de hijos a la guerrilla y el paramilitarismo, y las alianzas mortales de las autodefensas con políticos, alcaldes, concejales, terratenientes, policías y militares durante años. En medio de estas comunidades viven los deudos de las personas asesinadas en las masacres y los homicidios selectivos, los parientes de los desplazados, los vulnerados que perdieron una pierna por las minas quiebra patas, las mujeres violadas y las familias desposeídas de sus tierras. Estas comunidades están en el Magdalena Medio, en Córdoba, en toda Colombia.
Estas comunidades no son homogéneas. En ellas hay personas que han recibo agresiones de uno y otro lado, y un debate grande sobre el conflicto. Estas comunidades están conectadas en procesos regionales de paz y están conectadas con la construcción nacional de la salida política negociada del conflicto. Por la diversidad en la agresión recibida, por la manera de evaluar la situación desde el dolor compartido, y por la conectividad con los procesos de paz regionales y nacionales, estas comunidades víctimas tienen una potencialidad propia para contribuir a la solución del problema.
Por otra parte los homicidios y amenazas a las familias de los muertos y desaparecidos, y la misma situación emocional de los golpeados, muestran que estas personas no pueden ir solas; que necesitan ir con las comunidades a las que pertenecen.
Son las comunidades las que tienen que convocar a los deudos y a los heridos y expropiados que hay en su seno; para rodearles de seguridad e invitarles a jugar el papel que les corresponde en un proceso en el que tienen la clave los sobrevivientes vulnerados y los deudos de los eliminados. Son las comunidades víctimas, que saben que no pueden subsistir como comunidades sino se logra la paz con justicia, quienes tienen que hacer comprensible y valioso el paso hacia la reconciliación que solo pueden dar los directamente agredidos que esas comunidades albergan.
Así las viudas y los huérfanos y los violados, acompañados por la comunidad víctima pueden constituirse como ciudadanos clientes, con protección y derechos, del proceso de la Ley que hasta ahora solo tiene como clientes a los perpetradores de los crímenes; y exigir la verdad, evidenciar a los responsables y exigir lo que les importa: que se declare por qué mataron a sus hijos y esposos, donde está el cadáver de las hijas desaparecida; quiénes fueron los cómplices; cuáles son las garantías que darán a las comunidades para que la agresión salvaje nunca más se repita; y establecer cuál es la reparación esperada. Entonces, con la ayuda de la comunidad, los golpeados por la violencia podrán avanzar seguros, si quieren, a la reconciliación personal y colectiva.
Estas comunidades víctimas, que buscan la reconciliación, son las que deben recibir los recursos para los proyectos de desarrollo y paz. Allí la sociedad civil, que estuvo sometida a la opresión de la guerra, y que lleva en su seno el dolor de las familias agredidas, da la prioridad a los directamente golpeados, para que puedan emerger de la postración en que les dejó la barbarie, y para que sean ellos y ellas quienes, bajo las condiciones de la paz, la verdad, la reparación y la desaparición de las asociaciones delictivas, reciban en los proyectos a los desmovilizados y a quienes vengan de la negociación política para superar el conflicto. Siempre bajo la soberanía de las comunidades que han tomado la iniciativa de la paz. Y siempre desde la perspectiva de la construcción de regiones de paz a las que pertenecen estas comunidades.
Así como hay que dar el protagonismo en los procesos jurídicos a los agredidos directamente, hay que dar el protagonismo en los proyectos de desarrollo a los vulnerados. En uno y otros caso las comunidades víctimas juegan un papel central. Lo que ha dejado la guerra no son 40 mil desmovilizados, de los cuales cerca de la mitad son oportunistas – a quienes el gobierno protege con subsidios y proyectos - sino enormes comunidades víctimas, que por la misma realidad vivida están conectadas en procesos regionales y participativos de paz y derechos integrales. La iniciativa de estas comunidades debe ser aceptada y apoyada por el Estado, y acompañada en protección humanitaria, y asesorada en lo financiero y lo técnico, para que desde allí la sociedad conduzca el proceso de construir – a partir de los niños y las mujeres y los hombres vulnerados que llevan en su seno – regiones enteras de desarrollo y paz con dignidad.
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* Director Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
